martes, 9 de abril de 2013

Se trabaja para la regulación de la venta y el consumo de alcohol.


“Para bajar el consumo de alcohol en la sociedad y ayudar a los alcohólicos en clínicas especializadas, el gobierno enviará este mes al Parlamento el proyecto de ley que limitará los lugares donde estará permitido consumir, modificará la carga tributaria que hoy pagan las bebidas alcohólicas y obligará a comercios y distribuidoras a “comprar licencias” para poder venderlas 
(...)
La venta de las licencias –cuyo costo se definirá en la reglamentación de la ley– tiene dos cometidos específicos. 



Por un lado, bajar el número de locales de venta de alcohol en un país donde 260 mil personas tienen un consumo problemático y hoy encuentran un comercio en cada esquina. Por otro lado, con los recursos que se obtengan por las licencias se financiarán las clínicas para recuperar personas con consumo problemático de alcohol. Según la encuesta de hogares de 2012 de la Junta Nacional de Drogas, unos 63 mil uruguayos requieren tratamiento o algún  tipo de ayuda profesional para superar su alcoholismo.  (…)

En definitiva, las regulaciones propuestas para el alcohol se traducirán en limitantes al consumo, la venta y la publicidad. El texto original prohíbe las llamadas canillas libre y los happy hours, impide tomar en la vía pública y propone reforzar la fiscalización a través de un organismo especializado que será la Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas. Esos puntos quedaron bajo revisión de Presidencia.

La forma de financiamiento de las clínicas para alcohólicos, propuesta por la Junta Nacional de Drogas, se hará a través de modificaciones al Impuesto Específico Interno (Imesi) y de la comercialización de patentes a los distribuidores y locales de venta. De esa forma, los recursos para tratamientos lo aportarán tanto los consumidores como las empresas distribuidoras y los comercios que venden al público, dijo una fuente oficial a El Observador. 

Cánepa, por su parte, comentó que “en Uruguay se deben tener licencias que autorizan la venta de alcohol bajo determinadas circunstancias, y si no se cumplen, estas licencias se pierden automáticamente. Vender alcohol sin licencia será un delito, por lo tanto tendrá un castigo mayor”, declaró a fines de marzo a la web de Presidencia.

Respecto a los impuestos, Héctor Suárez, coordinador del Observatorio Uruguayo de Drogas, dependiente de la Junta Nacional de Drogas, dijo a El Observador que una modificación del Imesi, “no tiene por qué implicar un aumento del precio que hoy paga la población por una bebida”. En algunos casos el cambio tributario “puede ser absorbido” por las empresas, explicó. 

Además, en vez de subirse ese impuesto, el gobierno puede definir mantenerlo y desviar el 1% para las clínicas de recuperación.

El Imesi es de entre 14% y 23% y lo pagan en sus porcentajes más altos bebidas como el whisky, el espinillar, la grapa y el vodka.

En Uruguay, según datos oficiales, el alcohol es una de las principales adicciones y además se le vincula a la violencia doméstica y los accidentes de tránsito. 

Pero, aparte del grupo problemático, Uruguay presenta características que llaman la atención, como ser, que haya un lugar de expendio de alcohol cada 94 habitantes; o que en 2011 los uruguayos hayan consumido unos 180 millones de litros de bebidas alcohólicas, con una población que ronda los 3,4 millones”. Texto extraído del diario El Observador el 9 de abril de 2013.

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