“Para bajar el consumo de alcohol en la
sociedad y ayudar a los alcohólicos en clínicas especializadas, el gobierno
enviará este mes al Parlamento el proyecto de ley que limitará los lugares
donde estará permitido consumir, modificará la carga tributaria que hoy pagan
las bebidas alcohólicas y obligará a comercios y distribuidoras a “comprar
licencias” para poder venderlas
(...)
La venta de las licencias –cuyo costo se definirá en
la reglamentación de la ley– tiene dos cometidos específicos.
Por un lado, bajar el número de locales de venta de alcohol
en un país donde 260 mil personas tienen un consumo problemático y hoy
encuentran un comercio en cada esquina. Por otro lado, con los recursos que se
obtengan por las licencias se financiarán las clínicas para recuperar personas
con consumo problemático de alcohol. Según la encuesta de hogares de 2012 de la Junta Nacional de
Drogas, unos 63 mil uruguayos requieren tratamiento o algún tipo de ayuda
profesional para superar su alcoholismo. (…)
En definitiva, las regulaciones propuestas para el alcohol se
traducirán en limitantes al consumo, la venta y la publicidad. El texto
original prohíbe las llamadas canillas libre y los happy hours, impide tomar en
la vía pública y propone reforzar la fiscalización a través de un organismo
especializado que será la
Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas. Esos puntos
quedaron bajo revisión de Presidencia.
La forma de financiamiento de las clínicas para alcohólicos,
propuesta por la Junta
Nacional de Drogas, se hará a través de modificaciones al
Impuesto Específico Interno (Imesi) y de la comercialización de patentes a los
distribuidores y locales de venta. De esa forma, los recursos para tratamientos
lo aportarán tanto los consumidores como las empresas distribuidoras y los
comercios que venden al público, dijo una fuente oficial a El Observador.
Cánepa, por su parte, comentó que “en Uruguay se deben tener
licencias que autorizan la venta de alcohol bajo determinadas circunstancias, y
si no se cumplen, estas licencias se pierden automáticamente. Vender alcohol
sin licencia será un delito, por lo tanto tendrá un castigo mayor”, declaró a
fines de marzo a la web de Presidencia.
Respecto a los impuestos, Héctor Suárez, coordinador del
Observatorio Uruguayo de Drogas, dependiente de la Junta Nacional de
Drogas, dijo a El Observador que una modificación del Imesi, “no tiene por qué
implicar un aumento del precio que hoy paga la población por una bebida”. En
algunos casos el cambio tributario “puede ser absorbido” por las empresas,
explicó.
Además, en vez de subirse ese impuesto, el gobierno puede
definir mantenerlo y desviar el 1% para las clínicas de recuperación.
El Imesi es de entre 14% y 23% y lo pagan en sus porcentajes
más altos bebidas como el whisky, el espinillar, la grapa y el vodka.
En Uruguay, según datos oficiales, el alcohol es una de las
principales adicciones y además se le vincula a la violencia doméstica y los
accidentes de tránsito.
Pero, aparte del grupo problemático, Uruguay
presenta características que llaman la atención, como ser, que haya un lugar de
expendio de alcohol cada 94 habitantes; o que en 2011 los uruguayos hayan consumido
unos 180 millones de litros de bebidas alcohólicas, con una población que ronda
los 3,4 millones”. Texto extraído del diario El Observador el 9 de abril de 2013.
